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JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 34 DE MADRID

Autos 1222/2009

Asunto: Extinción por causas objetivas

SENTENCIA NUM.384/2009

Parte II

 

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Ha de concluirse de este modo porque no ha ofrecido la demandada la  prueba adecuada que le incumbe a los efectos de acreditar las causas invocadas y que en el presente caso no podría ser otra que la pericial-económica ya que de lo que se trata es de adverar una serie de conclusiones económicas de contenido complejo, tarea que requiere el empleo de conocimientos científicos, técnicos o artísticos. Y esta prueba está ausente del planteamiento probatorio que se nos hace. En efecto, la demandante interesa como únicos medios probatorios el interrogatorio de parte, la documental y la testifical, siendo evidente la inadecuación del Interrogatorio de parte para   intentar acreditar hechos complejos. Respecto de la testifical propuesta merecerá nuestro estudio más detallado. Y respecto de la documental ha de decirse que si la analizamos con relación a las causas extintivas invocadas observaremos que la “documental” relevante no es tal en sentido técnico. No puede confundirse “documental” con la naturaleza instrumental de otros medios probatorios. Desgraciadamente en la práctica forense se suele confundir el soporte (papel) con la naturaleza del medio probatorio (documento). A este respecto debe recordarse que es documental todo instrumento que pone de manifiesto de manera directa y “prima facie” un determinado hecho En el caso que nos ocupa, la mayor parte de los papeles aportados a este fin no son documental, son instrumentos contables que no constituyen documental sino que son materiales para la practica de prueba pericial, ya que para ofrecer un hecho o una conclusión precisan de la aplicación de conocimientos científicos, técnicos o artísticos.
Y es el caso que tales instrumentos sin la correspondiente prueba pericial carecen de cualquier relevancia probatoria, pues ni los Letrados ni el Juzgador tienen esos conocimientos especializados para obtener por sí esos datos o conclusiones susceptibles de ser trasladados a la resolución judicial. Y aunque el Juzgador los tuviera no podría hacer uso de ellos pues su función jurisdiccional le obliga a una posición de neutralidad y equidistancia de las partes que quebraría de actuar “como perito” a favor de una de ellas.
Por consiguiente debe entenderse que la prueba “documental” practicada no alcanza a acreditar las causas complejas y precisadas de interpretación pericial que se aducen para justificar la extinción contractual. 
A todo lo que debe adicionarse que la testifical propuesta tampoco puede alcanzar virtualidad probatoria. En primer lugar porque aunque se la propone como testifical su objeto no es aportar hechos de conocimiento directo, sino adverar los estadillos presentados por la demandada con la firma de quien las representa en juicio (Doña María). Por tanto el objeto de la prueba no es la aportación de hechos sino de conclusiones técnicas propias de la pericia. Pero además la Sra. no puede actuar eficazmente en las presentes actuaciones ni como perito ni como testigo. Y la razón es obvia, la “testigo” mantiene relaciones profesionales con las codemandadas con las que tiene concertado un contrato de arrendamiento de servicios como “gestora” de manera que está inhabilitada para testificar a pesar de la admisión específica en nuestro orden jurisdiccional de los trabajadores por cuenta ajena, que no los por cuenta propia, como testigos en los pleitos entre empleadores y trabajadores (art. 367,3 y 377,2 de la LEC). Y esa misma razón le impediría igualmente actuar como perito de parte, ante la ausencia de la precisa imparcialidad implícita en esas relaciones profesionales (art. 343,3 de la LEC). En cualquiera de los casos, no puede confundirse la exclusión de la tacha que sólo se produce en el ámbito de lo procesal, sin que pueda tramitarse el      llamado “incidente de tacha”, pero ello no implica la derogación de las causas de tacha, que procesalmente han de ejercitarse por otras sendas procedimentales. En modo alguno, pues, la inexistencia de trámite de tacha puede servir para validar universalmente todo testimonio o pericia con independencia de su relación con las partes. 
De otra parte, hemos de concluir con la parte actora que en el presente caso no se ha producido lo que la parte demandada manifiesta: la  “amortización individual de un puesto de trabajo”. Antes al contrario, todo parece indicar, y es significativa la expresión de la carta, como a la actora se la sustituye por otra trabajadora con ocasión de su baja y como al causar alta en lugar de cesar a la sustituta, se desplaza a la sustituida a una actividad ajena a   la Empresa para finalmente aducir que no tiene función que desarrollar en la Empresa. La cuestión es clara. Le llamen como le llamen las partes al contrato de trabajo suscrito entre las codemandadas y Doña Elisa, y le llaman contrato por obra o servicio determinado, lo cierto es que se trata de un contrato que se concertó o debió concertar por interinidad y para la sustitución de una trabajadora en situación suspensiva acreedora de reserva de puesto de trabajo (Incapacidad Temporal). La consecuencia lógica habría sido el cese de la sustituta y no de la sustituida, lo que sólo puede hallar explicación en que aquélla parece aceptar cualquier condición laboral propuesta por la Empresa: un objeto contractual dudoso, que no vamos a valorar; la prestación de servicios a media jornada; una categoría que no se adecua ni a su titulación, ni a las funciones que desarrolla y ni siquiera a la de la trabajadora a la que sustituye de hecho, y el salario correspondiente a tal desaguisado jurídico. A resultas de todo lo anterior ni la trabajadora debe padecer las consecuencias de que la Empresa y tercera trabajadora concertaran inadecuadamente su contrato de trabajo, en posible fraude de los derechos de la aquí demandante, ni la Empresa beneficiarse de su negligencia, más aún si fuera constitutiva de fraude. No se trata por tanto de dos puestos de trabajo de los que se amortiza uno, sino de dos trabajadores para un solo puesto de trabajo que no se amortiza y que se adjudica de acuerdo con la conveniencia de la Empresa.

Procede por tanto la estimación integra de la demanda y calificar la    extincion practicada como IMPROCEDENTE
Cuarto.- Siendo objeto de estimación la presente demanda procede la condena en costas de las demandadas por concurrir en las mismas la condición de persona jurídica y hallarse éstas excluidas por la Ley 1/1996 de 10 de Enero de Asistencia Jurídica Gratuita, reguladora del beneficio de justicia       gratuita.      A este respecto debe tenerse en cuenta que la citada Ley derogó expresamente los arts. 25 y 26 de la Ley de Procedimiento Laboral (Disposición derogatoria única letra c). En el primero de los cuales se establecía que “1. Con las excepciones previstas en la presente Ley, la justicia se administrará gratuitamente, hasta la ejecución de sentencia” Derogado dicho precepto, sin que su contenido fuera objeto de reproducción en la citada Ley de Asistencia         Jurídica gratuita ha de concluirse la concurrencia de una voluntad novatoria en el legislador, de la que deben extraerse las pertinentes conclusiones. Que no pueden ser otras que la aplicación supletoria de lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Civil y su art. 394 por remisión de la Disposición Adicional 1ª  núm. 1 de la LPL. 
Por otra parte, ese es actualmente el principio de aplicación en nuestro proceso en el que no sólo en fase de ejecución de Sentencia, sino en el de Recurso de Suplicación y Casación rige el principio de abono en costas por quien no goza del beneficio de Justicia gratuita, resultando de difícil explicación ese uso, carente de fundamentación legal, de gratuidad en fase declarativa.

De acuerdo con la doctrina jurisprudencial de la Sala 1a del TS (por todas Sentencia de 22 de Marzo de 1 997, RJ 21 91) la imposición de costas responde a prescripción legal y se efectúa con arreglo a un criterio objetivo (el vencimiento), de dónde ha de concluirse que no incurre en incongruencia la Sentencia que condena en costas sin que la parte lo hubiere instado.  Vistos los preceptos legales citados y demás de general aplicación, por la autoridad y responsabilidad que me confieren las Leyes  : 

FALLO que debo estimar parcialmente la demanda interpuesta por DOÑA MARIA PAZ  contra SORECOR SL, AZAMA SL y HEDAMA SA y, a su tenor, previa declaración de IMPROCEDENCIA de la Extinción practicada, debo condenara éstas a que solidariamente y a su opción, readmitan a la trabajadora despedida en las mismas condiciones vigentes con anterioridad a la Extinción o le indemnicen eh la suma de NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS, abonándole además los salarios de tramitación devengados desde el día 18 de Julio de 2009 a la fecha de notificación de esta Sentencia si optare por indemnizar y a la de la readmisión si optare en dicho sentido y una mensualidad del salario declarado probado (2.377,47 euros/mes) por el concepto de falta de preaviso.  La expresada opción deberá efectuarse, por escrito o comparecencia en el Juzgado, en el plazo de los cinco días siguientes a la         notificación de la Sentencia. Caso de no efectuarse en tiempo y forma se entenderá que 0pta por readmitir a la trabajadora demandante.                          Con costas

Se notifica esta Sentencia a las partes con la advertencia de que no es firme y contra ella cabe formular RECURSO DE SUPLICACION ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el cual deberá anunciarse ante este Juzgado dentro de los cinco días siguientes a la notificación de esta resolución,    bastando para ello la mera manifestación de la parte o de su abogado o su  representante al hacerle la notificación de aquélla, de su propósito de entablarlo o bien por comparecencia o por escrito de las partes, de su abogado, o de su representante dentro del plazo indicado.  Si el recurrente no goza del beneficio de justicia gratuita deberá al tiempo de anunciar el recurso haber consignado la cantidad objeto de condena en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones que tiene abierta este Juzgado con el número en la Oficina del Banco Español de Crédito (Banesto), en calle de Orense 19 de esta Capital. Así mismo deberá en el momento de interponer el recurso acreditar haber consignado la suma de 150,25 euros en concepto de depósito en dicha cuenta, haciendo constar en los ingresos el número de procedimiento.  Por esta Sentencia lo pronuncio, mando y firmo.
DILIGENCIA.- Madrid, a nueve de diciembre de dos mil nueve.  La anterior sentencia me ha sido entregada en el día de la fecha por DON, quedando la misma testimoniada en Autos y quedando el original unido al Libro de Sentencias. Doy fe.  EL SECRETARIO JUDICIAL

 

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