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JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 17
MADRID

Sentencia nº 399/2006 Parte II

 


 

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NOVENO. - El 14 de abril de 2004 la actora remite nuevamente un burofax al Sr. Vidal del siguiente tenor: “Tras nuestra conversación del 12 de Enero de 2004 una vez mas me veo obligada a exponerte como máximo responsable de la Empresa la situación de acoso y maltrato a la que sigo siendo sometida, por parte de la Empresa.  Volví a trabajar, recuperada, ilusionada y con mi mejor predisposición para aceptar cualquier puesto alternativo, como se me prometió a mi regreso después de los hechos detallados en mi carta de 26 e Abril de 2002.  En estos 14 meses, no se me asignó ni puesto ni ocupación alguna. Después de pasar días y días sin realizar ningún trabajo y tras pedir reiteradamente que necesitaba algo que hacer, en lo único que a ratos se me mantenía ocupada era en tareas totalmente degradantes y orientadas a aburrirme y desestabilizarme. Prácticamente mi trabajo, ha consistido en ensobrar cartas.  Todo esto unido a las evasivas cada vez que pedía un puesto de trabajo, me llevó en Septiembre de 2003 a recaer en la depresión de la que me estoy tratando y voy superando. Como mi médico me indica debo aclarar esta situación, y para ello necesito de la Empresa un puesto de trabajo -el que sea- pero digno y acorde en categoría al que durante años he desempeñado. Creo que es un derecho que me asiste después de 24 años trabajando en la Empresa”.  La directora de Recursos Humanos contesta, el 10-5-04 que: “Jerónimo me ha hecho llegar la carta remitida por ti de fecha 14 de abril, con las instrucciones de que, tras las averiguaciones oportunas, te dé cumplida respuesta a la misma Innecesario se hace manifestarte que Jerónimo me ha transmitido gran interés en conocer con exactitud cuál es tu situación en la Empresa y, por consiguiente, el grado de veracidad de las manifestaciones que en tu carta realizas. Dada la gravedad de las mismas, he acometido estas tareas de manera inmediata, hablando con tus superiores e informándome de tu situación actual. Tras estas gestiones y con el fin de clarificar la situación, paso a realizar las siguientes precisiones: - Te manifiesto mi sorpresa por tus manifestaciones respecto a la “situación de acoso y maltrato a la que sigues siendo sometida”, no sólo por gravedad de tus imputaciones sino por el hecho de que según he podido comprobar, estás de baja médica ininterrumpidamente desde e1 mes de agosto de 2003 . -No existe el más mínimo indicio en la conducta de tus superiores con relación a tu persona de de acoso o maltrato bien al contrario, según he podido constatar, durante el período comprendido entre tu reincorporación- y tu nueva baja se te ha cambiado en una ocasión de puesto de trabajo a petición tuya. -El último puesto desempeñado hasta tu baja por enfermedad, que conllevó también un cambio de tu responsable, ha sido en el área de Business Support”, realizando tareas administrativas de localización y actualización de bases de datos” dando soporte al departamento de marketing y a secretarias de socios. Es probable que ninguno de dichos cambios haya colmado tus expectativas personales y/o profesionales, pero no es menos cierto y, desde luego, tras las averiguaciones realizadas,   puedo y quiero afirmar categóricamente que nunca se te ha mantenido sin realizar ningún trabajo, ni se te han asignado tareas degradantes o con el ánimo de “aburrirte y desestabilizarte, como manifiestas. Bien al contrario, con más o menos acierto y dentro de las Posibilidades que la organización de los trabajos supone, se han buscado tareas acordes con tu nivel y bajo la supervisión de personas que en todo momento se han ocupado de ti. Finalmente quiero manifestarte que lamentamos sinceramente tu enfermedad y asegurarte tan pronto como te reincorpores serás asignada a un puesto de trabajo digno- lo son todos-y acorde con tu categoría.- como hasta la fecha.  Esperamos y deseamos tu pronta mejoría”.
DECIMO. - Al ser dada de alta médica se incorpora a la demandante al departamento de Prevención de Riesgos Laborales, bajo las órdenes directa de la Dra., médico de empresa, pero ubicada en otro departamento, separada del resto del personal perteneciente a Prevención de Riesgos Laborales, estando con personal de otros departamentos.
UNDECIMO. - En la evaluación de la demandante en diciembre de 2004, se hace constar que la misma ha comenzado a trabajar con el Servicio de Prevención de riesgos laborales en julio de 2004 desarrollando su actividad en la parte de coordinación de actividades empresariales de acuerdo a la legislación actual; que se ha adaptado bien a su nueva tarea, que hasta ahora no se había puesto en marcha en la compañía, trabajando para todas las empresas que está integradas en el Servicio de Prevención; que es organizada y recuerda puntualmente las tareas pendientes y sobretodo conoce muy bien el funcionamiento interno de la compañía en los distintos departamentos; que está capacitada para realizar trabajos de responsabilidad, como lo venía haciendo hasta su baja laboral que ha realizado puntualmente todo lo encomendado y solicita actualizarse con los cursos de formación para ello (doc. 19 de la actora y 15 de la empresa). En la evaluación de diciembre de 2005 se señala que la actora conoce muy bien el funcionamiento interno de la compañía en los distintos departamentos, que tiene mayor capacidad para realizar su trabajo, aunque no está muy motivada, que en los últimos meses ha mejorado su actitud, con una mejor supervisión, interesándose más por su trabajo, que solicita realizar un curso de Excell necesario para su trabajo diario, y que manifiesta su predisposición a realizar otras tareas. (Doc. 20 de la actora y 15 de la empresa).
DUODECIMO.- Desde prácticamente el año 2000 a la demandante no se le ha subido el salario (doc. 14 de la empresa)
DECIMOTERCERO.- En fecha 14-7-906 la actora presentó papeleta de conciliación ante el SMAC, en cuyo acto, celebrado el día 28-7-06, la parte demandada manifiesta que el día 21-7-06 consignó 118.698’78 euros en concepto de indemnización y salarios de tramitación, no obstante ello no se logra la avenencia.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO. - La versión judicial de los hechos, reflejada en los Hechos Probados de la presente resolución ha sido obtenida de la valoración de la prueba practicada en el acto del juicio, de carácter documental, interrogatorio y testifical.
SEGUNDO.- La demanda iniciadora de la presente litis tiene por objeto la declaración de nulidad del despido de la actora, y con carácter subsidiario la declaración de improcedencia del despido. El articulo 55 del Estatuto de los Trabajadores contiene, en su número 5, los supuestos por los que se puede declarar la nulidad del despido y éstos supuestos son que el despido tenga por móvil alguna de las causas de discriminación prohibidas en la Constitución o en la Ley, o bien se produzca con violación de los derechos fundamentales y libertades públicas del trabajador. Es doctrina reiterada que si el trabajador acredita la racionalidad de los indicios de discriminación que imputa a la conducta de la empresa, es a la demandada a quien corresponde acreditar la rectitud y legalidad de su conducta, criterio establecido por el Tribunal Constitucional, posteriormente matizado en sentencia de 20-9-93, en la que se niega que el empresario a quien se imputa un despido que viole derechos fundamentales se vea sometido a la prueba diabólica de hechos negativos, sino que debe satisfacer la prueba de la racionalidad de su medida sancionadora, para no quedar de manifiesto el uso desviado de la facultad disciplinaria.
Como señala el Tribunal Constitucional ST 90/1997 las facultades organizativas empresariales se encuentran limitadas por los derechos fundamentales del trabajador. Los poderes empresariales se encuentran limitados en su ejercicio no sólo por las normas legales o convencionales que los regulen sino también por los derechos fundamentales del trabajador, constituyendo un resultado prohibido el de una utilización de aquéllos lesiva de éstos. Tan elemental premisa no se excepciona en los supuestos en que el empresario no está sujeto por la norma a causas o procedimientos en su actuación, antes al contrario, opera si cabe con más intensidad en tales casos por cuanto en ellos el empleador puede, virtualmente, ocultar con más facilidad las verdaderas razones de sus decisiones. De otra parte, y también desde la STC 38/1981, la doctrina de este Tribunal viene resaltando la importancia de las reglas de distribución de la carga de la prueba para la efectividad de la tutela de los derechos fundamentales. En este sentido, se ha señalado que, cuando se alegue que una decisión empresarial encubre en realidad una conducta   Madrid lesiva de los derechos fundamentales incumbe al empresario de la carga de probar que su actuación obedece a motivos razonables, extraños a todo propósito atentatorio de un derecho fundamental. Para imponer la carga probatoria expresada, el trabajador ha de aportar previamente un indicio razonable de que el acto empresarial lesiona sus derechos fundamentales (STC 73/1998, y las allí citadas). No es, pues, suficiente la mera alegación de la vulneración constitucional Al demandante corresponde aportar, cuando alegue que un acto empresarial ha lesionado un derecho fundamental, un indicio razonable de que tal lesión se ha producido, vale decir, un principio de prueba dirigido a poner de manifiesto, en su caso, el motivo oculto de aquel acto (S5TC 90/1997 y 73/1998). En fin, el demandante que invoque esta inversión de la carga de la prueba ha de desarrollar una actividad alegatoria suficientemente concreta y precisa de la que resulten indicios de que ha existido discriminación (STC 266/1993). Ahora bien, alcanzado el anterior resultado probatorio por el demandante, sobre la parte demandada recae la carga de poner de manifiesto la existencia de causas suficientes, reales y serias, para calificar de razonable la decisión (STC 21/1992). Como hemos precisado, no se trata de situar al empresario ante la prueba diabólica de un hecho negativo, como es la inexistencia de un móvil lesivo de derechos fundamentales (STC 266/1993), pero sí debe asumir, en estos supuestos, la carga de probar, sin que resulte suficiente el intentarlo (STC 114/1989) , que su actuación tienen causas reales absolutamente extrañas a la pretendida vulneración de derechos fundamentales, así como que aquéllas tuvieron entidad suficiente para adoptar la decisión, único medio de destruir la apariencia lesiva creada por los indicios (STC 73/1998)  La anterior doctrina constitucional -continúa señalando la sentencia- conduce a examinar, en primer término, si el recurrente ha acreditado suficientemente la existencia de indicios que generen una razonable sospecha, apariencia o presunción a favor de su alegato.

 

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