Acción Legal - Abogados en Madrid

Sus abogados en el centro de Madrid

"Acción Legal supone un completo servicio de asesoramiento profesional para resolver todos sus problemas y cuestiones jurídicas"
 

logo_accion_legal


AUDIENCIA PROVINCIAL DE MADRID

Sección 28

Rollo de apelación n° 230/2010

Materia: Derecho Concursal; retroacción quiebra.

Órgano judicial de origen: Juzgado de Primera Instancia n° 9 de Madrid.

Autos de origen: juicio ordinario n° 54/2008

Parte II

 

 Anterior

SEGUNDO.- Aunque existen numerosos precedentes de una aplicación rigurosa por la Sala 1ª del Tribunal Supremo del artículo 878.2 del C. de Comercio, el criterio mitigador, que ya se apuntó en tiempo pretérito (sentencias de la Sala 1ª del TS de 12 de marzo de 1993, 20 de septiembre de 1993, 11 de noviembre de 1993, 20 de junio de 1996 y 28 de octubre de 1 996), en el sentido de que no habría de proyectarse la ineficacia sobre actos que no significaran un perjuicio para la masa, se ha abierto paso de manera decidida en la jurisprudencia más reciente (sentencias de la Sala ia del TS de 30 de marzo de 2006, 12 mayo 2006, 19 de junio de 2006, 15 de febrero de 2007, 19 de marzo de 2007, 23 de mayo de 2007 y 1 de junio de 2007) que ha sido sensible a las exigencias constitucionales de proscripción de la inseguridad jurídica (artículo 9.3 de la Constitución española) y ha preconizado una interpretación de las normas conforme a la realidad social en la que han de ser aplicadas (artículo 3 . 1 del C . Civil). Ha sido  determinante de ello la moderna configuración del Derecho Concursal, que ha suprimido la institución de la retroacción absoluta (en la Exposición de Motivos, III un fine, de la Ley 22/2003 se califica aquélla de “sistema perturbador por lo que en los litigios en los que todavía-subyazca ésta, aún respetando el principio de irretroactividad (pues la disposición transitoria primera de la citada Ley 22/2003 mantiene, además, de modo expreso la vieja normativa concursal hasta la conclusión de los procedimientos en trámite), no deberá efectuarse una interpretación de la misma que suponga su aplicación extensiva cuando pugne con importantes  pilares del ordenamiento jurídico.   En consecuencia, la jurisprudencia ha establecido límites para la apreciación de la nulidad a que se refiere dicho precepto legal en relación con los actos de disposición y administración realizados dentro del periodo de retroacción de los efectos de la quiebra, que ya no se considera automática, habiéndose asentado además el criterio interpretativo, remachado en las sentencias del TS de 28 de marzo de 2007, de 13 de  septiembre de 2007 y de 7 de mayo de 2008, de que quedan fuera de la lógica de dicho precepto legal “los negocios que por sus características económicas sean de aquellos que explicitan la actividad cotidiana y plenamente normal de la empresa y los que muestran que las operaciones en cuestión no fueron perjudiciales para la masa de acreedores “ o que “por corresponder al giro y tráfico ordinario del quebrado, el buen sentido tiene por válidos (pago de cuotas de la seguridad social, de recibos de suministros, de arrendamientos. . .).


TERCERO.- Consideramos, como ya hemos hecho en precedentes  análogos relativos a la quiebra de la entidad promotora CPV (sentencias de la sección 28 de la Audiencia Provincial de Madrid de 1 6 de octubre de2009, de 29 de enero de 2010, de 12 de febrero de 2.010, de 26 de febrero de 2.010, de 26 de marzo de 2010, de 9 de abril de 2010 y de 17 de diciembre de 2010), que el  acuerdo  de resolución objeto de litigio, y el pago que fue su consecuencia, suponen un acto de giro y tráfico ordinario de la ulteriormente quebrada, atendiendo a la propia actividad habitual de ésta, que se dedica a la promoción inmobiliaria y a la venta de viviendas a construir en el curso de la misma. Es por ello que reputamos como absolutamente normal que en el desarrollo de una pluralidad de  operaciones de reserva de vivienda futura se produjesen en algunos casos, especialmente justificados por el retraso que se pudo ir acumulando respecto a las iniciales previsiones de entrega de los inmuebles, la perdida  de interés del adquirente y se diera lugar, como aquí ha ocurrido, a  acuerdos de resolución que ya estaban previstos como posible alternativa en la contratación inicial y que en ningún caso pueden entenderse como una operativa ajena a la actividad ordinaria de la promotora. No hay que perder de vista que se trato de una operación en la que se procedió a la devolución de las cantidades que en su día había entregado el propio futuro adquirente, que se limito a recuperar su dinero, sin exigencia por parte de éste de los intereses pactados en el contrato para el caso de retraso de la promotora, y además se produjo la recíproca liberación para ésta de la obligación de entregarle el inmueble inicialmente comprometido. Por otro lado, el acuerdo resolutorio que se pretende anular se llevo a cabo con bastante antelación a la declaración del estado de quiebra - por auto del Juzgado de Primera Instancia n° 9 de Madrid de 5 de diciembre de 2002 -,  lo que no hace sino reforzar la apreciación de que se trató de un acto que en su momento fue realizado dentro de la actividad cotidiana de la entidad   posteriormente quebrada, en condiciones razonables y no sospechosas, que no puede quedar incluido en la lógica de la retroacción. Por el contrario, una aplicación ciega de tal institución a casos como el presente solo conduciría a acrecentar de modo artificial el número de los afectados, por lo general ciudadanos que buscaban acceder a una vivienda, por las crisis de entidades promotoras como la que subyace. en. la quiebra de LA COMERCIALIZADORA PENINSULAR DE VIVIENDAS S.A., lo que entendemos que no sería una consecuencia acorde a una interpretación de la norma invocada (el artículo 878 párrafo 2° del C. de Comercio, en  relación con el artículo 1024 del C. de Comercio de 1829, ya que la disposición transitoria primera de la Ley 22/2003, de 9 de julio, mantiene la  vigencia de la vieja normativa concursal hasta la conclusión de los   procedimientos en trámite) conforme a la realidad social en la que habría de ser aplicada.   


CUARTO. - Las precedentes consideraciones hacen innecesario analizar la incidencia en este proceso de la sentencia dictada por la sección 15ª de la   AP de Madrid de 14 de enero de 2008 por la que se condenó a diversos implicados en la gestión de COMERCIALIZADORA PENINSULAR DE VIVIENDAS S A como autores de un delito continuado de estafa No obstante, no podemos dejar de reseñar que en dicha resolución del orden  jurisdiccional penal se recoge como hecho probado que las condiciones en que CPV estuvo ofertando la adquisición de viviendas determinó que se   produjese una demanda muy superior a la que se podía atender al no contar con terreno suficiente para la construcción de todos los pisos a los que se había comprometido, lo que nos parece un dato que, aunque meramente complementario, abona lo justificado de nuestra precedente conclusión. Supone un motivo adicional para que, en un contexto de ejercicio de los derechos con arreglo a la buena fe, no deba darse lugar a interpretaciones legales que tiendan a acrecentar de modo artificial el número de los definitivamente perjudicados por actuaciones de esa índole.


QUINTO. Como consecuencia de los precedentes razonamientos entendemos que la demanda de nulidad emprendida por la Sindicatura no debía prosperar. Lo que conlleva la desestimación del recurso interpuesto por dicho órgano concursal contra la decisión desestimatoria del juzgado.


Tal resultado supone que proceda imponer a la parte apelante las costas derivadas de la segunda instancia, tal como establece el n° 1 del artículo 398 de Ia LEC.
Vistos los preceptos citados y demás concordantes de general y pertinente aplicación al caso, este tribunal emite el siguiente


FALLO


    Desestimamos el recurso de apelación interpuesto por la representación de  la SINDICATURA DE LA QUIEBRA DE COMERCIALIZADORA PENINSULAR DE VIVIENDAS, S.A. contra la sentencia dictada el 29 de julio de 2009 por el Juzgado de Primera Instancia número 9 de Madrid en el procedimiento ordinario número 54/2008 del que este rollo dimana.   E imponemos a la parte apelante las costas derivadas de la segunda instancia.    Así, por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos los ilustrísimos señores magistrados integrantes de este tribunal. Madrid        

 

 

 

Inicio 

 

Estamos en:

Seguir a Acclegal en Twitter

 

Accion Legal, S.L. en LinkedIn

 

facebook image

 

Calle Miguel Ángel, 26 - 2º B

28010 Madrid España

91 446 67 51

91 446 38 01

© 2010 accionlegal.net

Aviso Legal